Imputan por homicidio a los policías que mataron a un joven de 15 años
Hace 11 meses, en la madrugada del domingo 25 de octubre del año pasado, Joaquín Paredes, un chico de 15 años que estudiaba y trabajaba en Paso Viejo, un pueblito del norte cordobés, fue asesinado por la Policía de Córdoba.
El crimen, que conmocionó a Córdoba, ocurrió 80 días después de que la Policía asesinara en la ciudad de Córdoba a otro adolescente, Blas Correas (17).
Joaquín vivía con sus abuelos, cursaba tercer año de la escuela IPEA 306 “Dr. Amadeo Sabatini” –a principios de noviembre iba a cumplir 16 años- y trabajaba junto a su papá y tres hermanos en la cosecha de papas en una plantación de la zona. Había soñado con jugar en Boca Juniors y se había probado en una escuela de fútbol de Córdoba.
Por el homicidio de Joaquín y el intento de homicidio de otros dos chicos -B. un menor que tenía 14 años y su medio hermano Jorge Navarro de 18- producido por la represión de efectivos de la Subcomisaría de Paso Viejo, fueron detenidos el mismo domingo 25 de octubre cinco agentes, por orden de la fiscal de Deán Funes Fabiana Pochettino: Maykel Mercedes López (24), Enzo Ricardo Alvarado (28), Iván Alexis Luna (25), Jorge Luis Gómez (33) y Ronald Nicolás Fernández Aliendro (26); quiénes fueron alojados en la cárcel de Cruz del Eje. Además, fue sumariado un subcomisario de apellido Gallardo, quien se desempeñaba como jefe de zona.
La fiscal de Deán Funes, Fabiana Pochettino, también a cargo de la Fiscalía de Cruz del Eje, imputó hace 11 meses al agente Maykel López por los delitos de homicidio doblemente calificado por uso de arma de fuego y por su condición de policía, tentativa de homicidio calificado y abuso de autoridad. En tanto que los policías Alvarado, Luna, Gómez y Fernández Aliendro, sólo fueron imputados del delito de “abuso de autoridad e incumplimiento en los deberes de funcionario público”. Los últimos tres policías recuperaron su libertad, mientras que López está preso por ser el autor material de los disparos que mataron a Joaquín e hirieron a los otros dos chicos; y Alvarado sigue preso por el riesgo procesal: su padre amenazó de muerte al abuelo de Joaquín, y se teme que quiera interferir en la investigación. López y Alvarado están alojados en la cárcel de Cruz del Eje.
Cambio de carátula
Pero ayer, mediante una resolución, la fiscal Pochettino cambió la carátula de la causa y agravó las imputaciones contra los policías Alvarado , Luna , Gómez y Fernández Aliendro y a todos los acusó de ser responsables de los delitos de homicidio doblemente calificado por uso de arma de fuego y por su condición de policía, tentativa de homicidio calificado y abuso de autoridad. Los policías serán notificados en las próximas horas de su nueva situación legar y serán indagados. Podrían quedar detenidos.
Autoridades de la Secretaría de DDHH de la Nación siguen de cerca el caso y ya se comunicaron con sus pares de Córdoba, porque se temen represalias contra los sobrevivientes y víctimas.
Joaquín Paredes recibió un disparo por la espalda que le atravesó el corazón, provocándole la muerte minutos después. Los jóvenes B. y Jorge Navarro también recibieron disparos de pistolas calibre 9 milímetros de la Policía: al menor le ingresó una bala por la espalda que le inmovilizó el brazo derecho y al mayor le hirieron una de sus piernas en la pantorrilla y el tobillo.
Los dos chicos malheridos fueron derivados a una clínica de Villa de Soto, una pequeña ciudad ubicada a 24 kilómetros de Paso Viejo. Jorge estuvo en silla de ruedas una semana; mientras que B. fue derivado a Córdoba. Cuando B. estuvo internado en el Hospital de Niños de esta Capital recibió sesiones de fisioterapia y asistencia psicológica; terapias a las que no accedió al regresar a Paso Viejo.
A las 6 de la mañana del domingo 25 de octubre de 2020, Paso Viejo se llenó de policías enviados desde la Unidad Departamental Cruz del Eje y desde esta Capital. Cuando llegó la fiscal Pochettino, los agentes, suboficiales y oficiales ya habían “limpiado” la escena del crimen. Ese mismo día, la funcionaria judicial ordenó distintos peritajes para determinar cómo sucedieron los hechos, si todos los agentes utilizaron sus armas y de qué arma salió la bala asesina. Se secuestraron cinco pistolas de la Policía y ningún arma civil. Para la fiscal no hubo enfrentamiento armado.
Emoción
“La Comunidad Justicia por Joaquín Paredes, conformada por su familia y sus amigos, también víctimas de este ataque de efectivos policiales, está realmente aliviada con este cambio de carátula, con las nuevas imputaciones. Peleamos desde un principio denunciando que matar no es abuso de autoridad; sabemos que este cambio es producto de la lucha colectiva, de no quedaros. No nos regalaron este cambio de carátula, lo ganamos en estos 11 meses de lucha triste; también sabemos que no es un cese, queremos que los homicidas excarcelados vuelvan a estar presos; ahí realmente vamos a tener un alivio total, porque que ellos vuelvan a estar presos implica que no tengamos miedo, que no exista ningún riesgo. Pensemos en los pibes sobrevivientes cuando se cruzan con sus homicidas, con quienes quisieron asesinarlos ayer; es un alivio, estamos emocionados, no podemos hablar de estar contentos, porque a Joaquín no volvemos a verlo nunca más. Esto es una victoria de la lucha y un trampolín para exigir que vuelvan a estar presos los homicidas”; afirmó Ivana Reynoso, de este colectivo que reclama Justicia por Joaquín.
Mientras que el abogado querellante Clauio Orosz -representa a los familiares de Joaquín, además de los heridos B. y Jorge Navarro- señaló a El Destape que “como la Policía llegó a las 6 de la mañana, cuatro horas antes que la fiscal, la Policía le alteró toda la escena del crimen a la Justicia. En un primer momento le dieron un número de disparos realizados, levantaron todas las vainas que los comprometían en el lugar donde sucedió el homicidio, y cambiaron la escena del crimen. La fiscal compró, creo que de buena fe, que sólo uno de los policías, Maykel López había sido el que había disparado y matado a Joaquín. Entonces lo imputó por el homicidio; y a los restantes policías Alvarado, Luna, Gómez y Fernández Aliendro les puso incumplimiento de funcionario público y abuso de autoridad”.
Orosz señaló, además que “en la medida que la fiscal fue avanzando en la investigación, se hicieron nuevas pericias balísticas; la querella aportó testigos; se realizaron inspecciones oculares, demostramos que en lugar de siete disparos, se produjeron más de 100 disparos contra estos chicos; también demostramos con el testimonio de los testigos cómo fue la dinámica del hecho, que no se trató de un loco suelto que comenzó a disparar; y las periciales realizadas confirmaron nuestra posición que todos los policías habían disparado contra los chicos”.
El abogado de los familiares de Joaquín Paredes y los dos chicos heridos destacó que “en esta causa, la fiscalía se negó a darle participación como querellante a la Secretaría de DDHH de la Nación, porque había implicados policías de Schiaretti, de De la Sota, del cordobesismo implicados”.
Gatillo fácil
La noche del sábado 24 de octubre de 2020, un grupo de chicos de entre 14 y 18 años, entre los que se encontraba Joaquín, se reunieron en la casa de un amigo a festejar el cumpleaños de otro amigo “El Caña”, que cumplía 20. Todos vivían en Paso Viejo, un pueblo del norte cordobés, de poco más de 1.000 habitantes, Paso Viejo, un pueblito de poco más de 1.000 habitantes, ubicado en el departamento Cruz del Eje, a 170 kilómetros al noroeste de la Capital cordobesa.
Ya en la madrugada del domingo, los chicos se fueron hasta la plaza del pueblo a tomar cerveza. La Policía los echó y amenazó con detenerlos por violar la cuarentena. No era la primera vez que los policías del pueblo -algunos son de Villa de Soto y otros de Cruz del Eje- acosaban a los pibes del lugar por el sólo hecho de ser pobres. Joaquín y los amigos fueron hasta la casa del tío de “El Caña”, al lado del dispensario de Paso Viejo, enchufaron un parlante y siguieron tomando cerveza en la vereda.
El abogado querellante Clauio Orosz explicó que “la madrugada del domingo 25 de octubre no pasaron más de 10 minutos desde que Joaquín y sus amigos llegaron a lo del tío del otro amigo. Ahí llegó la Policía con tres patrulleros y rodeó el lugar. Los efectivos, por alguna orden superior habían decidido dar por terminada la fiesta. Hasta ese momento, el policía Enzo Ricardo Alvarado, había ido tres veces a la fiesta pero nunca pidió que culminara sino fue para advertirles que no hicieran lío, que bajaran la música, nada más. Era obvio que la fiesta tenía la aquiescencia de uno de los dos policías del pueblo para que se siguiera realizando”.
Orosz también describió que “con los móviles, los policías encerraron a los chicos por un descampado y sacaron una escopeta, que está prohibida desde hace años y que solo se usa con munición letal para cuidar los bancos, y empezaron a amenazarlos. Los primeros disparos fueron con la escopeta, con postas que no tenían plomo, y como los chicos no se dejaron intimidar ni amenazar, y les respondieron que no tenían derecho a tratarlos como perros ni a dispararles como lo estaban haciendo, los policías sacaron sus pistolas, que únicamente se pueden usar cuando hay peligro para sí o peligro para terceros. Empezaron a disparar al bulto, allí mataron a Joaquín e hirieron muy cerca del corazón a B.”.
Las víctimas comenzaron a pedir ayuda a los gritos, llegaron vecinos y familiares; hubo piedrazos, insultos y más represión con balas de goma. En el lugar quedaron decenas de vainas de balas calibre 9 milímetros que utiliza la Policía cordobesa. Frente a los piedrazos y los insultos de los familiares de la víctimas, los policías retrocedieron y se guarecieron en la Subcomisaría de Paso Viejo. Cuando todo se calmó, regresaron al lugar y modificaron la escena del crimen.
Fuente: eldestapeweb.com
