La Unicameral volvió a debatir sobre “ficha limpia” para cargos electivos y para integrantes de organizaciones de Córdoba
Este martes a la tarde se reunió la Comisión de Legislación General de la Unicameral para tratar dos proyectos que buscan instalar en Córdoba la “ficha limpia” para cargos públicos electivos a nivel provincial y municipal y para candidatos a cargos partidarios; y además para dirigentes y organizaciones sociales que administren recursos públicos.
La primera iniciativa es impulsada por la legisladora Brenda Austin -UCR- y propone incorporar un nuevo artículo, el 49 bis, a Ley N.º 9.571 del Código Electoral provincial; y el 11 bis a la Ley N.º 9.572, del régimen jurídico de los partidos políticos, por los cuales se impide ser candidatos a las personas condenadas a penas privativas de la libertad, aunque la sentencia no se encuentre firme o sea de cumplimiento en suspenso, por los siguientes delitos: fraude en perjuicio de la administración pública, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, contra la seguridad de la Nación y contra la integridad sexual, entre otros.
El segundo proyecto tratado establece la “ficha limpia” para dirigentes sociales que administren recursos públicos destinados a personas en situación de vulnerabilidad y que desarrollen actividades en organizaciones sociales, ONGs, fundaciones, centros vecinales, clubes sociales y deportivos, asociaciones deportivas, asociaciones sin fines de lucro, cooperativas, comedores y merenderos barriales.
El mismo, de autoría de la legisladora Alejandra Ferrero, se presentó en forma conjunta por los bloques de la UCR, Frente Cívico, PRO, Mejor Futuro y Construyendo Córdoba.
La comisión estuvo presidida por la legisladora Victoria Busso y contó con la presencia de sus integrantes: Matías Chamorro, Ariela Szpanin, Abraham Galo, Rodrigo Agrelo, Brenda Austin y por Zoom Oscar Tamis, Julieta Rinaldi, Nadia Fernández, Carlos Lorenzo, Gustavo Tevez, Cristina Pereyra, Julieta Rinaldi y Enrique Rébora. Participaron también como invitados para apoyar las iniciativas presentadas los legisladores Gregorio Hernández Maqueda, José Bría, Graciela Bisotto y Viviana Martoccia.
Ambos proyectos recibieron aportes, observaciones y sugerencias de los parlamentarios presentes y se continuará con una agenda de trabajo para realizar ajustes e incorporar nuevas miradas. En este sentido, se propuso invitar a especialistas de la Inspección de Personas Jurídicas para avanzar en la materia.
Sobre candidatos y dirigentes con condenas
El proyecto de ley 39.624 que promueve la “ficha limpia” para cargos electivos y partidarios fue presentado por Brenda Austin, quien recordó que son proyectos de vieja data en la Legislatura de Córdoba a instancias de los ex legisladores Marcelo Cossar y Juan Manuel Cid, y que ahora se espera “construir un consenso para que Córdoba se sume a un conjunto de provincias que ya lo tienen implementado así como varias comunas, en lo local”.
La nueva iniciativa fue ingresada con la firma de los bloques que integran Juntos por el Cambio y se espera lograr un dictamen en conjunto o en particular que pueda habilitar el debate en el recinto.
Austin aclaró que su proyecto establece la imposibilidad de que puedan ser candidatos quienes tengan condenas en al menos dos instancias judiciales, con el objetivo de evitar que esta figura sea utilizada para dejar fuera de juego o proscribir eventualmente a un candidato.
Entre los fundamentos, mencionó los artículos 36 y 16 de la Constitución Nacional y el Tratado internacional con jerarquía constitucional en nuestro país de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece entre las condiciones de elegibilidad también a: las condenas por juez competente en proceso penal, lo cual habilita a impedir el ejercicio de cargos electivos a quienes no tienen condena firme.
“En definitiva, estamos hablando de ética pública, de las condiciones de quienes van a representar a los ciudadanos, administrar los fondos públicos, y creemos que la política tiene que dar el ejemplo”, sostuvo.
El legislador Chamorro, por su parte, advirtió sobre la necesidad de debatir este proyecto en un marco de respeto a los representantes de la ciudadanía y a las instituciones de la democracia, “tratando de no debilitar la figura de los partidos políticos, sino, por el contrario, fortalecerlo como actores importantísimos de la vida política de nuestro país en general, tratando justamente de no vaciarlo de competencias y no menospreciar el rol de las candidaturas”. A lo que añadió la importancia de considerar prácticas muy complicadas en la política en general, como son las denuncias por omisiones formales usadas políticamente, las cuales terminan judicializándose. Por eso hay que ser muy profundos, responsables y muy técnicos a la hora de pensar y legislar sobre este tema.
En tanto, Hernández Maqueda expresó su apoyo al proyecto porque dijo “son medidas imprescindibles y básicas para mejorar la transparencia y prevenir los casos de corrupción”.
Por otra parte, el proyecto 39458/L/20 propone establecer limitaciones en la representación de las entidades que gestionan recursos estatales, en particular a los dirigentes sociales con condenas. La iniciativa tiene como objeto exigir a los dirigentes de estas organizaciones certificados de antecedentes penales actualizados y no haber sido condenados por delitos de corrupción, tráfico de droga, abuso infantil, violencia de género, entre otras faltas.
“Esto tiene que ver con la transparencia en el manejo de los fondos públicos y con poner la lupa en las organizaciones sociales. Es un proyecto perfectible y estamos abiertos a las observaciones de los otros bloques“, indicó Szpanin quien fue la encargada de exponer.
El legislador Rodrigo Agrelo apuntó algunas observaciones y sugirió incorporar los delitos de robo y hurto; definir con mayor precisión la autoridad de aplicación; la suspensión inmediata de la percepción y administración de los recursos; la consideración de todas las organizaciones jurídicas no comerciales; así como impedir el ingreso a estas organizaciones, a quien no tenga ficha limpia y separar a los que ya estando, cometen delitos y son condenados por ellos.
Por su parte, Bisotto advirtió que la condena debería aplicarse a las personas y no a las organizaciones y propuso mecanismos para desvincular a esos dirigentes de las organizaciones para preservar a las instituciones y su fin social.
Finalmente, el legislador Abraham Galo señaló que es preciso diferenciar los dirigentes de las instituciones sociales. “No podemos privar a las entidades de fondos que son para fines sociales por un delito de instancias personales o privadas. Obviamente que si esto ocurre se debe apartar a esas personas, pero no dejar un merendero sin comida o a un club barrial sin actividad deportiva y de contención. Y pidió sean convocadas autoridades de Inspección de Persona Jurídica para que brinden información sobre el estado de situación de estas organizaciones en la provincia para poder legislar con precisión.
Metales no ferrosos
De manera conjunta, las comisiones de Legislación General y de Seguridad lograron un despacho favorable sobre un proyecto de ley para regular las actividades con metales no ferrosos y crear un registro de actividades vinculadas a la comercialización de esos elementos.
El tratamiento del proyecto 39006, que fue presentado por los legisladores Fernández, Spaccesi y Siciliano, obtuvo el apoyo de todos los bloques tras incluir distintas modificaciones a lo largo de cinco reuniones de trabajo.
“Se incorporaron todos los aportes sugeridos y entendemos que hemos llegado a un buen despacho de un proyecto que ha tenido su tratamiento, que en su ensencia se ha respetado y se ha mejorado el resultado”, dijo la legisladora María Victoria Busso.
Por su parte, Nadia Fernández subrayó la participación de distintos sectores afectados. “La sociedad estuvo presente en las cinco reuniones de tratamiento que tuvo este proyecto”, añadió.
El despacho contó con el apoyo de los legisladores presentes y será tratado en una próxima reunión plenaria.
La comisión estuvo presidida por la legisladora Nadia Fernández (Comisión de Seguridad) y la legislasladora María Victoria Busso.
