Insólito: Concejales de Río Segundo amparan a funcionario denunciado por violencia de género
Se trata de Alexis Chiechi, presidente del Tribunal de Cuentas que fue denunciado por violéncia de género por su compañera de lista. Le dictaron una órden de restricción y lo mandaron al psicólogo, pero los concejales votaron contra la suspensión sin pensar en la víctima.
El pasado viernes los concejales Leonel Viada, Aldana Oviedo y Osvaldo Villalón de Juntos por el Cambio y María Zarate (ex peronista ahora libertaria), desoyeron un mandato judicial y se negaron a aprobar un proyecto de Resolución del Bloque de Hacemos por Córdoba, que pedia suspender al denunciado Chiechi y permitir el retorno a sus tareas de la vocal denunciante, Jorgelina Malfert.
Todo esto que parece increíble que por razones políticas haya ocasionado que los ediles opositores hagan caso omiso a una solicitud de la Justicia.
Concejales con cero empatía para las víctimas de violéncia
La decisión de los concejales opositores de Río Segundo, contrariamente a lo sucedido el año pasado en Cruz del Eje, donde el Concejo Deliberante de esa ciudad, decidió suspender por violencia de género, al tribuno de cuentas Francisco Segura, denunciado por su compañera de fórmula. Tanto Segura como la denunciante, pertenecen al oficialismo que ganó las elecciones en 2019. El mismo caso que en Río Segundo.
Asimismo, hace solo un par de semanas, la Legislatura de Córdoba decidió la suspensión del legislador de Hacemos por Córdoba, Eduardo Patricio Serrano. Tras varias semanas de debate en la comisión de Asuntos Constitucionales, la Legislatura tomó la determinación de que el político no perciba sus haberes hasta que no se resuelva la causa judicial en la que está involucrado: fue denunciado por su expareja por violencia familiar y tiene también una orden de restricción vigente. Igual que en Río Segundo.
En el caso de Río Segundo los concejales rechazaron la suspensión y pidieron que lo resuelva el intendente, sin tener en cuenta que por la Ley Organica Municipal Nº 8102 la función de contralor sobre el Tribunal de Cuentas es una potestad indelegable del Concejo Deliberante.
El tema amenaza con escalar a la Justicia que podría imputar a los mencionados concejales por incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos.
