El Senado aprueba ley que mejora pensiones y fomenta el empleo para personas con discapacidad

El Senado Nacional aprobó hoy la Ley de Emergencia en Discapacidad, que establece la actualización de prestaciones, el pago de deudas a prestadores de salud y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas. La medida regirá hasta el 31 de diciembre de 2026 en todo el territorio nacional.

La normativa busca garantizar mayor cobertura y sostenibilidad del sistema de prestaciones para personas con discapacidad, así como fomentar su inclusión laboral y la equidad en el acceso a recursos.

Principales puntos de la ley

• Se declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026.

• La ley es de orden público y aplica en todo el país.

• Se actualizan las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde 2023.

• Se saldará la deuda con los prestadores de salud y se actualizarán mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas según los índices de inflación del INDEC.

• Las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y los beneficiarios podrán trabajar mientras no superen los dos salarios mínimos.

• El Poder Ejecutivo Nacional financiará con recursos del Tesoro una compensación de emergencia a los prestadores.

• Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal por el aumento de pensiones se estima entre 1,89 y 3,62 billones de pesos, dependiendo del número de beneficiarios (entre 493.000 y 946.000).

• La Agencia Nacional de Discapacidad realizará auditorías para garantizar una evaluación justa y transparente, basada en criterios de salud y un análisis integral de la situación socioeconómica de los beneficiarios.

• El procedimiento de auditoría incluirá notificaciones fehacientes, debido proceso inclusivo y acceso claro a la información.

• Los empleadores que contraten trabajadores con certificado de discapacidad por tiempo indeterminado estarán eximidos del 50% de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones durante tres años.

Con la sanción de esta ley, el Estado busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, asegurar la sostenibilidad del sistema de prestaciones y fomentar la inclusión laboral, generando un marco legal que garantice derechos y equidad para los beneficiarios en todo el país.