Colegios Inmobiliarios: le derrumbaron la maniobra para eliminar a la competencia
Al tiempo que avanza el juicio contra el Municipio de Villa Carlos Paz por negarle la habilitación comercial a una inmobiliaria, también se van conociendo los detalles de las irregularidades administrativas que vinculan a funcionarios y dirigentes inmobiliarios a partir de la defensa de intereses sectoriales.
La demanda contra el ayuntamiento presentada por RE/MAX Mediterránea dejó en evidencia, según consta en el documento, una serie de maniobras realizadas de manera sistemática y de “mala fe” con el único objetivo de impedir la apertura comercial del local.
Tanto desde el Municipio como desde las organizaciones inmobiliarias se pusieron en marcha diferentes dispositivos para frenar el desembarco de una sucursal de RE/MAX Mediterránea en Villa Carlos Paz.
El Municipio, favoreciendo los intereses de los Colegios, sancionó una ordenanza express y a medida para prohibir a las franquicias y se utilizaron recursos del estado para realizar inspecciones y clausuras a un local que aún no se encontraba (ni si encuentra) habilitado.
Por su parte, los Colegios, según expresa la demanda, presentaron informes “maliciosos” en los que el ayuntamiento basó una resolución tendenciosamente desfavorable a RE/MAX Mediterránea y lanzaron campañas para confundir a la opinión pública.
Una de estas campañas se enfocó en desprestigiar la figura del agente inmobiliario y, la otra, en la supuesta defensa de la profesión de corredor público sosteniendo que “la profesión no se franquicia”.
Una de las organizaciones que se opuso a la apertura del local de RE/MAX Mediterránea fue la Asociación Inmobiliaria de Villa Carlos Paz. Su presidenta, Carolina Casesi, declaró que el agente inmobiliario es una "figura inexistente" que "denigra nuestra profesión" y que, en las empresas de franquicia, "al corretaje lo hacen personas con ningún título universitario".
Sin embargo, y pese las afirmaciones de Casesi, la figura del agente inmobiliario está legalmente regulada por el Código Civil y Comercial de la Nación (Artículo Nº 1479 del Capítulo 17, Título IV, Libro Tercero) y, además, es utilizada por muchas de las inmobiliarias que forman parte de la Asociación Inmobiliaria y de los Colegios que lanzaron las campañas en su contra.
Entre estas inmobiliarias que utilizan agentes en sus estructuras de negocio se encuentran algunas de las más conocidas en Córdoba capital y Villa Carlos Paz como Sergio Villella, JB Srur y Eduardo Malbrán, Cernotto Inmobiliaria y Carlos Paladino, entre muchas otras.
En cuanto a la otra afirmación de Carolina Casesi, es más débil aún, debido a que en cada oficina de la red RE/MAX hay un corredor profesional, matriculado legalmente en el Colegio inmobiliario, como ocurre en este caso con RE/MAX Mediterránea que hace alrededor de una década que opera en Córdoba Capital.
Los antecedentes del caso
La historia comenzó en octubre de 2022 cuando RE/MAX Mediterránea inició el trámite de solicitud de la habilitación comercial de un local cumpliendo en tiempo y forma con todos los requisitos de la Ordenanza Nº 5195 (que regula las habilitaciones), y con otras exigencias no habituales que fueron requeridas por el Municipio.
De acuerdo con lo que establece la ordenanza mencionada, el plazo para la entrega de las habilitaciones es de cinco días. Sin embargo, recién en marzo de este año, y luego de un recurso de amparo por mora, el Municipio dictó, a través de la Secretaría de Economía y Finanzas, la Resolución Nº 023 denegando la solicitud.
Dos meses antes, en enero de este año y mientras demoraba el trámite, el Municipio dictó una Ordenanza Nº 6923 que prohíbe la operatoria y publicidad de las franquicias inmobiliarias en la ciudad. Dicha normativa fue elaborada en conjunto con el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios (CPI), el Colegio Profesional de Martilleros Corredores Públicos (CPMCP) y la Asociación Inmobiliaria de Villa Carlos Paz.
El juicio en curso que enfrenta el Municipio se inició luego de que, en agosto pasado, durante los últimos días de su mandato, el ex intendente Daniel Gómez Gesteira dictara el Decreto Nº 463 confirmando la denegación de la habilitación solicitada.
En este contexto, y de acuerdo con la demanda presentada ante la Cámara Contencioso Administrativa de Tercera Nominación de la ciudad de Córdoba, RE/MAX Mediterránea pide la “nulidad absoluta” del Decreto Nº 463 y de la Resolución Nº 023 por considerar que se trata de una medida "ilegal, ilegítima, inconstitucional y arbitraria".
Los abogados de RE/MAX Mediterránea llaman la atención sobre la Resolución Nº 023. Sostienen que la misma “está fundada en un informe desfavorable del Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios, basado en normativa legal inaplicable y con argumentos notoriamente apartados de la Ley Provincial Nº 9445”, que es la única norma regulatoria y aplicable para el ejercicio de la profesión de corretaje inmobiliario en la Provincia de Córdoba.
Según Pedro Urrets Zavalía, abogado que entiende en la causa, el informe del Colegio fue elaborado "con el deliberado y malicioso propósito de impedir la apertura de la nueva oficina RE/MAX en Carlos Paz".
Además, acerca de la Ordenanza Nº 6923 que limita el corretaje inmobiliario en la ciudad, Urrets Zavalía señaló que la misma "incluso prohíbe publicidad", lo que implica que el Municipio se tome atribuciones que son "competencia exclusiva y excluyente de la provincia, que es la encargada de regular las profesiones".
Los abogados de RE/MAX Mediterránea confían en que el juicio avanzará a su favor porque sostienen que el Municipio no tiene manera de ocultar que procedió de “mala fe” obstaculizando durante un año el otorgamiento de la habilitación.
