Carlos Paz enfrenta una demanda millonaria que haría colapsar sus arcas municipales
Como informamos hace unos días, RE/MAX Mediterránea presentó una demanda contra el Municipio de Villa Carlos Paz. Lo hizo ante la Cámara Contencioso Administrativa de Tercera Nominación de la ciudad de Córdoba con el objetivo de obtener la habilitación que le permita desarrollar su actividad en la ciudad.
Los trámites para solicitar la habilitación comercial del local de RE/MAX Mediterránea fueron iniciados en octubre de 2022. Según informó la inmobiliaria, se cumplió en tiempo y forma con todos los requisitos de la Ordenanza Nº 5195 y con todas las otras exigencias que fue requiriendo el Municipio.
De acuerdo con lo que establece la ordenanza mencionada, el plazo habitual para el otorgamiento de las habilitaciones es de cinco días. Sin embargo, recién en marzo de este año, y luego de un juicio de amparo por mora, el Municipio dictó a través de la Secretaría de Economía y Finanzas, la Resolución Nº 023 denegando la solicitud.
Esta resolución fue recurrida por recurso de reconsideración (ante el organismo fiscal) y jerárquico en subsidio, es decir, convocando la intervención del intendente ante un eventual rechazo de la reconsideración.
El actual juicio que enfrena el Municipio se inició luego de que, en agosto pasado, el ex intendente Daniel Gómez Gesteira, dictara el Decreto Nº 463 que confirma la denegación de la habilitación comercial a la inmobiliaria.
Puntualmente, la demanda presentada contra el Municipio exige la “nulidad absoluta” del Decreto Nº 463 y de la Resolución Nº 023 por considerar que se trata de medida "ilegal, ilegítima, inconstitucional y arbitraria".
Este último punto de la demanda es clave. Para los abogados de RE/MAX Mediterránea, la Resolución dictada por la Secretaría de Economía y Finanzas que rechazó el pedido de habilitación “se funda en una informe desfavorable del Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba basado en normativa legal inaplicable y con argumentos notoriamente apartados de la Ley Provincial Nº 9445”, que es la única norma regulatoria y aplicable para el ejercicio de la profesión de corretaje inmobiliario en la Provincia de Córdoba.
Según los abogados, el informe del Colegio fue elaborado "con el deliberado y malicioso propósito de impedir la apertura de la nueva oficina RE/MAX en Carlos Paz".
De acuerdo con la minuciosa descripción que hace del caso la demanda presentada ante la Cámara Contencioso Administrativa, para los abogados el proceso presenta varias irregularidades y sostienen que el Municipio actuó de “mala fe” dilatando la entrega de la habilitación.
Para Moisés Olariaga Buono, corredor público responsable de RE/MAX Mediterránea, inmobiliaria que opera en la ciudad de Córdoba desde 2017, la postura dilatoria del municipio lo "priva del goce de sus derechos constitucionales" como son ejercer una profesión, ejercer el comercio y, fundamentalmente, ejercer su derecho a trabajar con todo el perjuicio que ello representa en el actual contexto económico del país.
En este sentido, la demanda también solicita que “sean reintegrados todos y cada uno de los daños y perjuicios” causados a RE/MAX Mediterránea a lo largo de estos 12 meses por las decisiones administrativas tomadas por el ex intendente Gesteira.
Esto incluye los costos del alquiler del local, la inversión realizada en las reformas edilicias que exige la normativa municipal (además del equipamiento obligatorio para la habilitación y funcionamiento), la pérdida de chances de obtener ganancias por no poder trabajar y los honorarios de los equipos de abogados, entre otros conceptos.
De conceder la Justicia esta petición, el costo económico para Carlos Paz será millonario.
