Un fallo judicial pone a prueba la ética de la nueva conducción del CPI
El recambio generacional que propone el flamante presidente Lucas Péndola enfrenta su primer gran desafío tras fallo de la Justicia a favor de RE/MAX: abrir el mercado a nuevos modelos de negocios o seguir limitando la competencia por medio del hostigamiento judicial.
Durante los últimos casi 20 años, el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba (CPCPI) ha iniciado arbitrariamente diversos sumarios administrativos contra los profesionales que eligen trabajar con empresas que brindan servicios inmobiliarios complementarios. Múltiples corredores han sufrido la suspensión de sus matrículas y se han visto obligados a pagar onerosas multas. Sin embargo, la Justicia acaba de poner un freno contundente a esa persecución y ahora el sector se pregunta cuáles serán los siguientes pasos de la nueva conducción del Colegio.
En junio pasado, Lucas Péndola asumió al frente del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba y desembarcó con un discurso de “ideas frescas, disruptivas e innovadoras”. Hace unos meses, Péndola afirmó: “Estamos liderando un recambio importante de dirigentes que se suman convencidos y comprometidos para seguir enfrentando los nuevos desafíos de esta realidad compleja”.
El nuevo presidente del CPCPI también ha señalado que los profesionales inmobiliarios deben apostar a la capacitación en pos de la mejora continua: “En un mercado tan fluctuante hay que desarrollar habilidades de comunicación, donde prevalezca la escucha activa y la empatía con el cliente”.
Recientemente, la Cámara Contencioso Administrativa de Tercera Nominación de la provincia de Córdoba declaró la nulidad de la sanción contra la corredora inmobiliaria Mariana Alejandra Carrizo, responsable de la inmobiliaria RE/MAX Boulevard de la ciudad capital: en 2021, el Tribunal de Disciplina del CPCPI había dispuesto la suspensión de la matrícula profesional de la mujer por el plazo de 6 meses y una multa de 100.000 pesos.
“El fallo de la Cámara es clave porque ha dejado terminantemente aclarado que la actividad de corretaje inmobiliario en la Provincia de Córdoba se rige única y exclusivamente por la Ley 9445, la cual en sus artículos 21 y 22 permite expresamente que personas humanas o jurídicas sin título ni matrícula de corredor inmobiliario realicen actividades propias del corretaje inmobiliario contratando un corredor matriculado que se responsabilice de las operaciones inmobiliarias en las que intervenga”, advierte el abogado Pedro Urrets Zavalía, uno de los asesores legales de RE/MAX en Córdoba.
A su vez, la sentencia aclara que los agentes inmobiliarios son simples “colaboradores” del corredor matriculado responsable de la inmobiliaria para la cual prestan servicios, como los comúnmente llamados vendedores de otras inmobiliarias, con la particularidad de que se encuentran contratados en los términos del contrato de “agencia” especialmente regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Si bien el caso contra Carrizo se inició bajo otra presidencia del Colegio, lo cierto es que las repercusiones impactan de lleno en la gestión de Péndola. Además de la falta de pruebas sobre las supuestas acciones ilegales denunciadas contra Carrizo, los abogados de RE/MAX han subrayado que “lo más grave del asunto es que las autoridades del Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios, en un grosero y cuasi delictivo incumplimiento o incorrecto ejercicio de la función pública que desempeñan, nieguen y desconozcan abiertamente lo expresamente permitido y regulado en la propia Ley 9445 que creó y regula el funcionamiento del propio Colegio que ellos mismos dirigen y que justifica su existencia”.
En ese sentido y frente a un contexto de múltiples avales judiciales para las franquicias inmobiliarias, son cada vez más los profesionales que se preguntan si Péndola levantará el guante y marcará un real cambio de rumbo para el desarrollo de la profesión en la provincia.
