Un contador y varios empresarios condenados por evasión en venta de cereales
Ayer, el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba, encabezado por José Fabián Asís e conformado por Noel Costa y Jaime Díaz Gavier, condenó al empresario riotercerense Fernando Luis Cuello a la pena de seis años y seis meses de prisión por su responsabilidad en la conformación de una asociación ilícita tributaria que ejecutó millonarias defraudaciones al Fisco mediante maniobras relativas a la comercialización de grandes volúmenes de cereales y soja.
Además fueron hallados culpables otros empresarios y profesionales de la ciudad de Rio Tercero que estaban involucrados en la causa.
Cuello, quien cumplía el rol de organizador o jefe de la asociación ilícita, recibió la condena más dura: fue hallado culpable de los delitos de asociación ilícita tributaria, se lo consideró partícipe necesario de evasión agravada y apropiación indebida de tributos. Además de la condena a prisión, el empresario fue inahbilitado durante seis años y seis meses para ejercer el comercio de granos o cualquier actividad relacionada; también deberá pagar una multa de 90 mil pesos.
En la causa también estaba implicada la expareja de éste Natalia de los Ángeles Paulus quien hace poco tiempo falleció.
Mientras que Rubén Rodolfo Ceva, que es contador de la misma ciudad fue considerado coautor de los delitos de asociación ilícita tributaria, evasión agravada y apropiación indebida de tributos. Obtuvo una pena de cinco años y seis meses de prisión, inhabilitación para ejercer como contador y se le aplicó una multa de 90 mil pesos.
Por otra parte, los empresarios Jorge Ricardo Ferrer y Sergio Luis Guevara, recibieron una condena de cinco años de prisión considerados coautores del delito de asociación ilícita tributaria; por el mismo tiempo están inhabilitados a vender granos y deberán pagar también una multa de 90 mil pesos.
En tanto, Julio Daniel Luján y Daniel Ramón Pelayes fueron condenados a cuatro años de cárcel, también considerados coautores de los delitos de asociación ilícita tributaria, también fueron inhabilitados para comercializar granos y deberán pagar una multa de 50 mil pesos.
Los empresarios Diego Gastón Ludueña, Rosendo César González, Néstor Rubén Beltrame, Rubén Omar Di Primio, Miguel Ángel Ortega, Matías Elvio Giuggioloni y Horacio Omar Cismondi fueron condenados a dos años y seis meses de prisión, de ejecución condicional por ser partícipes secundarios del delito de asociación ilícita tributaria. Cada uno ellos deberá pagar una multa de 20 mil pesos.
Otras personas que estaban implicadas en la causa son Félix Armando Cabral, Julio Omar González, Marcelo Alberto Sbagzdis, Pablo Martín Zotello, Juan José Ros y María Fernanda Farías, los cuales fueron absueltos.
El origen de la causa
La investigación comenzó en diciembre de 2008 a raíz de una denuncia anónima y se desarrolló en Villa María. La comercialización de cereales se concretó en Río Tercero, San Agustín, Despeñaderos y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta organización compraba cereal “en negro” a productores reales, acopiadores o cooperativas, es decir, sin dejar registración alguna de la operatoria realizada ni de los intervinientes. Esta maniobra posibilitó, por un lado, que el verdadero productor no abonara las obligaciones tributarias que le correspondían por ley y, por otro, que el adquirente del cereal lo hiciera a un precio más bajo del que regía en la plaza legal.
Lo que la organización compraba “en negro” luego era “blanqueado” y para esto habría contado con empresas verdaderas que, sabiendo del origen clandestino del producto, acordaban aparecer como adquirentes del cereal de las empresas apócrifas, las que habrían sido creadas por el mismo grupo, a ese efecto. La hipótesis que llevó a juicio a la mayoría de los acusados se centró en la actividad de FG Cereales porque era una de las firmas reales utilizadas por la asociación para que la maniobra ideada no pudiera ser advertida por el órgano de control. La función de la firma era aparentar que compraban granos a las empresas apócrifas. De esta manera, no sólo blanqueaban el cereal que el grupo había adquirido marginalmente a productores reales, que permanecieron ocultos, sino también para computar crédito fiscal a raíz de las operaciones inexistentes llevadas a cabo con las empresas apócrifas.
Desde el 2008 hasta la fecha, las operaciones concretadas por el grupo ascendieron a la suma de $1.708.832.168.
El próximo 9 de agosto se darán a conocer los fundamentos del fallo y se considera que los condenados esperarán a conocerlos para determinar si presentan recursos de casación.
Fuente y foto: Tribuna
