Pelea sin pronta solución entre martilleros e Inmobiliarios por el corretaje
Luego de que la Justicia haya resuelto y ratificado que, en la provincia de Córdoba, quien quiera ejercer la actividad de Corretaje Inmobiliario debe adecuarse a la reglamentación de la ley 9445, se ha abierto un conflicto con múltiples derivaciones entre el Colegio Profesional de Inmobiliarios (CPI) y el Colegio Profesional de Martilleros Corredores Públicos (CPMCP).
Sucede que este último colegio, nacido en la provincia en 1984, se rige por la ley provincial 7191 de ese mismo año. Sin embargo, a fines de 2023, el poder judicial cordobés derogó esa norma y prohibió a los martilleros el cobro de honorarios por intermediación inmobiliaria. Así, ahora es ilegal la actividad de un Corredor Público matriculado en el Colegio de Martilleros.
A diferentes Martilleros Corredores Públicos no solo se les ha prohibido cobrar honorarios profesionales por intermediación inmobiliaria, sino que también han tenido que darse de baja del CPMCP y luego pagar la matriculación en el CPI para evitar denuncias penales por ejercicio ilegal de la profesión.
Y aunque las últimas sentencias en ese sentido han sido contundentes, lo cierto es que el Colegio de Martilleros parece ignorar la determinación judicial y buscan posicionarse institucionalmente. “Quiero llevar total tranquilidad a nuestros colegiados, MCP, porque el título nos habilita para el ejercicio profesional y que se encuentra totalmente vigente nuestra ley 7191”, aseguró el presidente del CPMCP, Marcelo Prato.
Asimismo, en el sitio web de ese Colegio continúan dando difusión a la jura de nuevos profesionales, así como a diversos convenios como el que la entidad firmó recientemente con la Asociación Mutualista de Empleados del Banco de la Provincia de Córdoba. Según indican en la página, el CPMCP tiene 7300 matriculados y 12 sedes en la capital y el interior de Córdoba.
Por su parte, el CPI –que se rige por la ley 9445– tiene actualmente más 3.700 colegiados, cuatro delegaciones y seis subdelegaciones en el interior provincial. Este año asumió Lucas Péndola como nuevo presidente de la institución.
Y si bien la Justicia parece desplegar un campo fértil para el desarrollo del CPI, la coyuntura se presenta difícil para Péndola, que ha comenzado a recibir el malestar y la preocupación de las delegaciones. Los profesionales del interior de la provincia cuestionan el avance de matriculados en el CPMCP y se sienten desamparados por parte de la sede central del CPI en la ciudad de Córdoba.
Mientras tanto, desde el CPI reafirman: “El único profesional habilitado legalmente para el ejercicio del corretaje inmobiliario de la Provincia de Córdoba es el matriculado CPI, Ley 9445. Si la inmobiliaria no tiene un profesional CPI como responsable, no puede cobrar honorarios y es considerada ilegal”, al tiempo que alientan a “denunciar ilegales” en su plataforma online.
El conflicto interno está abierto y va tomando nuevas formas a medida que el tiempo pasa. También el ritmo de fiscalización se dilata debido a la enorme cantidad de denuncias que recibe a diario el Tribunal de Disciplina del CPI. Mientras tanto, los profesionales viven estos tiempos con incertidumbre e impotencia; especialmente, las delegaciones del interior de la provincia se sienten cada vez más abandonadas.
