Inmobiliarios en estado de "incertidumbre y temor" por la paralización de obras en Carlos Paz

El sector inmobiliario en alerta por la ordenanza que suspende la construcción por un año. Advierten que la medida podría generar "recesión y desempleo" y acusan a Avilés de actuar de manera "autoritaria". No descartan que "se inicie un proceso judicial".

El intendente Esteban Avilés sorprendió a todos cuando, entre sus primeras medidas de gobierno, anunció que “suspendía” por un año las obras de construcción en la ciudad. El funcionario justificó el repentino cambio de rumbo en la estrategia de planeamiento urbano argumentando que la intención es redefinir la “identidad urbana” de Villa Carlos Paz y orientar el desarrollo de la ciudad de manera sostenible a partir de la actividad turística.

La noticia sacudió a todos los sectores que se verían afectados por la medida. Uno de los primeros en salir al cruce fue la Asociación Inmobiliaria. Su presidenta, Martina Casesi, no escondió su disgusto por “la manera intempestiva” en que fue tomada la medida y reconoció que la misma generó cierto estado de “incertidumbre y temor” en el sector.

Lo que más molestó a los inmobiliarios fue que Avilés haya avanzado con una iniciativa de gran impacto económico y social “de manera inconsulta” y sin tener en cuenta a los actores que se verían afectados por la decisión. “Nos sentimos ignorados”, dijo Casesi y consideró que el Ejecutivo actuó de manera “autoritaria”.

La dirigente inmobiliaria tiene muchos reparos con respecto al impacto que podría tener la medida. En primer lugar, confiesa que “no entendemos bien el espíritu de esta ordenanza” aunque reconoce que la misma está relacionada con “la cuestión ambiental” y con algunos proyectos inmobiliarios que están desarrollando “las grandes constructoras”.

Sin embargo, Casesi advierte que “el sector de la construcción en Carlos Paz en muy grande” y no tiene que ver solo con mega proyectos. Casesi entiende que la suspensión de las obras afectaría al enorme ecosistema de proveedores, trabajadores e intermediarios que dependen económicamente de la industria de la construcción. “Es mucha la gente que perdería su fuente de trabajo y no está claro cómo se van a subsanar todas estas pérdidas de empleo”, dijo la presidenta de la Asociación Inmobiliaria.

Al poner el foco en otro aspecto del conflicto, Casesi consideró que “la paralización de la construcción generaría una recesión en cuanto a valores y a ventas concretas". Esto tiene que ver con que el valor de un lote está asociado a lo que en él se pueda construir. El problema que ve Casesi con esto es que si durante un año las obras estarán paralizadas el valor de los terrenos disminuirá. “Probablemente no se produzca ninguna venta de lotes para la construcción de edificios durante este plazo”, dijo la dirigente.

Por su parte, Avilés, explicó que el objetivo de su iniciativa es promover "la concreción física" de los presupuestos ambientales establecidos en la Carta Orgánica de Villa Carlos Paz. Sobre este punto, Casesi reconoció que la ciudad tiene “un perfil urbanístico muy variable” y que “es necesaria una reforma en el Código de Edificación”.

Sin embargo, la dirigente no está de acuerdo con la forma “abrupta e intempestiva” en que Avilés está manejando la situación. En particular, una de las cosas que les hizo “ruido” es que la ordenanza establece en su Artículo 3º que el Consejo de Planificación Urbano Ambiental deberá realizar un estudio y elaborar “una propuesta integral de uso del suelo del área urbana” con el objetivo de "adecuar" la actual normativa al "proceso de crecimiento edilicio y poblacional" de la ciudad.

El pedido del Ejecutivo “fue una sorpresa para todos”, dijo Casesi, quien ya había manifestado que el CPUA –organismo que integra también la Asociación Inmobiliaria- venía trabajando en este sentido. La dirigente dijo, además, que el Consejo de Planificación Urbano Ambiental nunca fue notificado de esta iniciativa ni tampoco la ordenanza fue remitida al organismo para ser sometida a una evaluación.

Finalmente, Casesi no descartó que "desde algún sector se inicie algún proceso judicial" debido a que hay muchas personas que ya habían realizado en sus terrenos el estudio de suelo con la intención de construir. Si alguno de los que se sintiera afectado por la ordenanza recurriese a la Justicia para reclamar “es posible que esto de pie a que otros actores también actúen judicialmente”, advirtió la presidenta de la Asociación Inmobiliaria de Villa Carlos Paz.